"USAR" AL MERCOSUR Y MENTIRLE AL MUNDO
El Mercosur aprobó un acuerdo que prohíbe a toda embarcación con bandera de las Islas Malvinas atracar en los puertos de los países que integran esta asociación. La medida es impecable.
Cristina
Kirchner, al asumir la presidencia temporal del bloque regional
Mercosur en diciembre de 2011, decía: “Las Malvinas no es una causa
argentina. Es una causa global porque en las Malvinas se nos están
llevando recursos petroleros y pesqueros”, sostuvo. Sin embargo, estas
palabras llevan el sello kirchnerista de sus propias mentiras.
Mientras
los países miembros del Mercosur bloquean la posibilidad de
avituallamiento y descargas de pesqueros, ocasionando un irreversible
perjuicio a Inglaterra, la Argentina hace el doble juego y permite que empresas radicadas en el continente tengan doble matriculación en sus buques.
Es que, por lo visto, la presidenta sabe quiénes se están llevando los
recursos y vaciando la Argentina, y son los socios que obtienen permisos
de su gobierno.
Cristina Kirchner y sus servidores del poder violan la ley 26.386 que modifica la Ley Federal de Pesca 24.922.
A
saber: “Articulo 2º. Incorpórese como último párrafo del artículo 28 de
la Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca el siguiente texto:
En
el caso de comprobarse que un titular de un permiso de pesca que cuente
con cuota/s de captura asignada y/o autorización de captura en los
términos de la presente ley viole algunas de las prohibiciones previstas
en los incisos a), b), y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s
cuota/s y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente.”
El
artículo 27 bis también fue incorporado a la Ley Federal de Pesca por
esta legislación. Esto quiere decir que la ley obliga a dar de baja los
permisos de pesca de las empresas de doble matriculación que cazan en la
Argentina y en Malvinas.
La
promulgación de la Ley, según el Boletín Oficial, es de fecha 20 de
Junio de 2008. Asunto: régimen Federal De Pesca, Ley 26.386. Sin
embargo, la cosa legal no termina allí. La incorporación del artículo 33
de la Ley de Sociedades Comerciales tuvo como fin controlar la
triangulación de empresas, limitando así las posibilidades de burlar la
legalidad. Este fue el espíritu de la ley, pero no es el mismo del
Gobierno.
Rápidamente,
Norberto Yahuar indicó a Legales de la SAGPyA que dictara una
resolución para estar por encima de la ley. Legales a toda velocidad
emitió la resolución de la SAGPyA 514/09 en agosto de 2009, que
reglamentó dicha ley. La medida legal que pretendía terminar con
violaciones burocráticas permitidas por décadas fue aprovechada desde el
Estado para limpiar resoluciones molestas y ocultar aun más las
ilegalidades denunciadas desde el año 2000.
Por
otra parte, con la resolución, Yahuar y su equipo solidificó una vieja
práctica estatal para obtener caja a cambio de recursos: las
declaraciones juradas. Quien pretenda depredar con buques de doble
matriculación al amparo de la SAGPyA tiene que declarar que cumple con
los requisitos del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca. Es decir,
el armador declara que la empresa no tiene buques con doble
matriculación y el estado le cree. Al control de recursos no se aplica
tecnología alguna para evitar las ilegalidades, basta una declaración
jurada. No se informatizan los datos de los buques como se han informatizado los datos de los ciudadanos ante la AFIP.
¿Qué
buques y con qué carga han obtenido permiso para transitar entre
puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, según el decreto 256/2010
del ejecutivo nacional? ¿Por qué estos datos no son públicos? Los
ciudadanos argentinos no tienen acceso a la información que hace al
concreto ejercicio de soberanía.
Además
Yahuar incorporó el concepto de “relación directa”. Este concepto según
el senador chubutense, Marcelo Guinle, da lugar a interpretaciones
ambiguas. Por ello en noviembre pasado el senador presentó un proyecto
legislativo por el que se solicita al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca que modifique o derogue la resolución 514/09, porque a
su entender “alteró el espíritu y la letra de la norma, vulnerando los
principios de soberanía de la República Argentina” al limitar una
restricción expresa y abarcativa, incorporando el concepto de “relación
directa”, lo que aseguró “abre la puerta a triangulaciones de grupos
empresarios”. A lo que agrego: las puertas a las triangulaciones fueron
abiertas desde la promulgación de la ley 24.315/1994 que legalizó el
Acuerdo Comunitario Pesquero. Menem-Sola fueron los principales
responsables de la depredación, quienes siguen impunes y sus farsas
mejoradas gobierno tras gobierno.
La
gravedad sobre la responsabilidad del estado argentino es paralela a la
de los armadores que burlan la ley ex profeso. Sería muy infantil
pensar que es gratis.
El
actual secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Yahuar, fue quien
que avaló todo este status quo de permitir a empresas españolas su doble
matriculación. En realidad Yahuar sigue la misma política de
expoliación de recursos naturales que tiene el Gobierno.
El
ejecutivo nacional asegura no solo que el recurso pesquero se deprede
en todo el mar argentino, sino que YPF opere conjuntamente con empresas
británicas en Malvinas. De esto la presidenta nada dice, pues
Esquenazi es un favorito K. Tampoco dice nada del cúmulo de empresas
británicas que operan en la Argentina mientras surge la terrible noticia
de la utilización de niños argentinos como cobayos de empresas
británicas con el aval de funcionarios y punteros políticos. Todo se
permite mientras se declama por causas globales para asegurar un
establishment de millonarios que gobiernan un pueblo traicionado y
empobrecido.
Los
espacios de derecho se cierran. El ascenso de Yahuar de subsecretario
de Pesca a secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, le permitió
poner en el cargo que dejó al abogado marplatense Néstor Miguel
Bustamante, muy conocedor del sector pesquero y por dichos de diferentes
armadores y fuentes, habría sido el cajero de Yahuar. Aplauden los
empresarios. Antonio Solimeno reconoció como muy positiva la designación
de Bustamante al frente de la cartera. “Creo que es una buena opción
para todos, es un hombre de Mar del Plata que conoce el sector pesquero,
lleva muchos años transitándolo y conoce muy bien su problemática.
Somos un sector que vive con muchas inquietudes y si no hay una persona
idónea podemos chocar contra una pared”.
Por
su parte Alberto Castro Arán, presidente de la Cámara de Armadores,
dijo que el nuevo Subsecretario contará con todo el apoyo de la entidad y
“que todo el sector debería estar satisfecho porque es un hombre que ya
ha trabajado mucho por la unidad de la pesca”.
Este
abogado que obviamente conoce la ley en sus declaraciones en el nuevo
cargo, descarta la sustentabilidad de la merluza, supone que con 10
buques que tengan cámaras de filmación de los aproximadamente 400 de la
flota, el tema de arrojar pescado al agua, usar mallas ilegales y pescar
con el 10% de un permiso de pesca con la bodega al 100% cuadruplicando
permisos de pesca se terminara con la depredación.
El
gobierno de Cristina con estos aplausos ya no puede ocultar a sus
socios que ilegalmente vacían el mar argentino y generan desde décadas
la precarización laboral camino seguro a la pobreza. La matriz K está en
todo su esplendor: mineras, industriales, farmacéuticas, cerealeras,
constructoras, navieras, ferroviarias, aéreas. Todo el empresariado responsable de la miseria de miles de trabajadores celebran y alaban el modelo.
En
un estado de derecho los funcionarios como Yahuar y los abogados ex
menemistas de legales de la SAGPyA, serían desafectados de sus cargos y
sumariados. Pero en la Argentina, la propia presidenta miente y oculta
sus metodologías. Es parte de años de respaldo a empresas gallegas que
depredan el país. ¿Cómo es posible creer que se protege la soberanía con
funcionarios que saben que además la ley está por sobre todas las
resoluciones?
La
Argentina es un país donde los criminales están sueltos. Los
Shoklender, Hebe de Bonafini, los integrantes de la mafia de los
medicamentos, Carlos Menem, Felipe Solá.
Son
parte la Justicia Nacional, es parte el Senado de la Nación que nada
hace al respecto luego de la presentación de Guinle. Es parte la Corte
Suprema que todo lo garantiza en silencio. ¿Cómo se hace en un país
donde la titular del Ejecutivo en su carácter de Presidenta interina del
Mercosur habla de Malvinas como causa nacional y por detrás se ríe de
todos en su cara? ¿Cómo se puede hablar de un país serio con semejantes
aberraciones que además se llevan a cabo ante el mundo y son plenamente
comprobables? informe UBA, informes AGN, dictámenes PTN, SIGEN.
Si
se varía la perspectiva y se piensa que la presidenta no lo sabe,
entonces el Canciller es un inservible y sus asesores más aun. Ocurre
que de tanto “guitarrear” se les olvida la letra.
Para
los impíos enriquecidos, Malvinas es insostenible para los británicos
si además el Gobierno le plantea a las empresas Mersk y Sealand, que
tienen oficinas en Capital, que sus buques dejen de buscar containers
refrigerados de Malvinas y luego arriben a puertos argentinos con
nuestro pescado para transportar containers de los armadores de doble
matriculación afincados en la Patagonia.
Estas
empresas tampoco escapan a la Ley de sociedades. Y tendrán
consecuencias por avalar a quienes usurpan nuestras islas facilitándoles
sus exportaciones de pescado argentino.
El
tema de la bandera de Malvinas es simbólico, no hay que olvidar que las
empresas pesqueras españolas que allí y aquí operan con doble
matriculación son piratas. No sería extraño que cambien la bandera para
así salvar el obstáculo. La forma es aplicar la ley con todo su
potencial ya mismo utilizando claramente la ley de sociedades. ¿Por qué
no se usa tecnología para cruzar estos datos?
La
presidenta deberá estudiar bien lo que dice, pues comprometió al bloque
regional Mercosur apoyándola al no permitir que buques de pabellón de
Malvinas utilicen sus puertos. Pero la verdad, es que si se quiere hacer
algo se debe empezar por la Argentina. Como dijo la propia mandataria, se
están llevando nuestro petróleo y se llevan nuestro pescado hace
décadas, se contaminan nuestras aguas, se destruyen glaciares. Nunca
se juzga a los responsables. ¿Cuál es el límite? El modelo de poder en
la Argentina supera el horror que generó con los medicamentos
oncológicos adulterados.
Si
Malvinas es una causa global, como afirma Cristina, es menester empezar
ya a ejercer la soberanía y dejar de utilizar a los países miembros del
Mercosur que desconocían esta verdad hasta la fecha. Hablar de nuestros
muertos en la guerra queda muy bien.
Es
necesario que la presidenta al menos exija desde foros internacionales
que Gran Bretaña se haga cargo de erradicar las armas nucleares que
yacen en el fondo del mar en la zona de Malvinas y que son un peligro
para los recursos pesqueros que, además de ser argentinos son patrimonio
alimentario de la humanidad.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
Fuente : http://www.periodicotribuna.com.ar
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