"¿Con qué derecho podemos imponer el voto obligatorio? y ¿qué contestaremos al ciudadano que diga ’para qué voy a votar si mi voto es ilusorio… desde que la verdadera elección la hará el mismo poder que va a juzgar el acto’?". Sesión de la convención constituyente provincial, el 11 de diciembre de 1906. Informe de despacho de comisión, a cargo de Juan B. Terán y de Servando Viaña.
Fabricio Correa ha grabado un video en YouTube en el cual simula un partido de fútbol y le recuerda a su hermano menor, Rafael, el Jefe de Estado de Ecuador, los "picados" que, cuando eran chicos, ganaron en buena ley. El hermano mayor está en contra de las complicadas reformas que el mandatario quiere introducir en el Poder Judicial, que se completan con mecanismos de regulación de la información que difunden los medios de comunicación. Esos cambios se someterán a la consideración popular en el referendo del 7 de mayo y la oposición denuncia que el jefe del Poder Ejecutivo sólo busca amordazar a la prensa y dominar a la Justicia. Así que Fabricio le habló a su "ñaño" y le dijo: "ahora que eres Presidente eres dueño de la pelota y eres dueño de la cancha. No es bueno, pues, que te hagas dueño de los jueces. Hay que aplicar el juego limpio".
Ese fair play no se conseguirá en esta provincia durante este año tan tempranamente malogrado por la política. Tucumán, por el contrario, está a la delantera sudamericana de los atrasos institucionales.
Lo no suspendido
Esta semana se conoció la noticia más trascendente en lo que va de 2011 a los efectos comiciales: el 28 de agosto, finalmente, será una Junta Electoral Provincial con mayoría de acólitos del gobernador la que controlará la votación. El Poder Ejecutivo ha conseguido la casación con la cual podrá pleitear ante la Corte Suprema de la provincia el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró la nulidad y la inconstitucionalidad de la actual integración del organismo fiscalizador de los comicios tucumanos.
En consecuencia, han quedado suspendidos los efectos de la sentencia de Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. Y, dado que la elección provincial se hará en 17 semanas, es un hecho que será la Junta Electoral constituida por el presidente del superior tribunal, por el socio político del mandatario provincial (el vicegobernador) y por el asesor legal y técnico del gobernador (el fiscal de Estado) la que controle las urnas.
Sin embargo, lo que no han quedado congeladas son las verdades valientemente expuestas por los camaristas. Sigue escrito que la Convención Constituyente de 2006 se excedió en sus facultades porque jamás estuvo facultada por la ley que habilitó la reforma para incorporar la Junta Electoral a la Carta Magna, y mucho menos con un marcado desequilibrio alperovichista. Sigue vigente que no puede haber elecciones "genuinas" y "auténticas" (ambos términos tomados de sendos tratados internacionales), de las cuales todos los ciudadanos tienen derecho a participar, si no hay un tribunal imparcial a cargo de su fiscalización.
Lo irrepetible
Por lo mismo, sigue quemante la clasificación de los magistrados sobre las Juntas Electorales argentinas. Están las conformadas completamente por miembros del Poder Judicial. Están las integradas con mayoría de integrantes de la Justicia. Está la de Santiago del Estero, con mayoría de políticos pero no con mayoria oficialista: la forman un miembro de la Corte, uno del Ejecutivo y un legislador de la oposición. Y, finalmente, está la de Tucumán.
En síntesis, la casación no borra este párrafo del fallo: "La premisa de que la Junta Electoral no encuadraba en ninguna de las categorías de habilitación previstas en la ley preconstituyente ("modificaciones" y "agregados") resultó confirmada -con mucha mayor razón- al adoptarse en la Convención Constituyente una fórmula de integración de la Junta Electoral -con predominio de miembros sin independencia del Poder Ejecutivo- tan singularmente innovadora que no sólo interrumpe la continuidad histórica de la integración con mayoría de miembros del Poder Judicial que rige en Tucumán desde 1912, sino que además carece de todo precedente en el derecho electoral que rigió en Tucumán desde que se establecieron las bases del régimen republicano en 1853, y carece incluso de todo equivalente en las Constituciones y leyes actualmente vigentes en las provincias argentinas".
El abuso es de tal magnitud que el Gobierno hoy, técnicamente, no puede conformar esa Junta adicta que diseñó: como el vicegobernador y todos los presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas son precandidatos, no hay con quién cubrir esa vocalía. Es el advenimiento de la hegemonía de lo absurdo.
Lo jamás concebido
También late la otra parte de la sentencia, que declara nula e inconstitucional la norma constitucional según la cual no puede obligarse a un funcionario que es candidato a pedir licencia durante la campaña. Este proselitismo rentado también es inédito. "Ningún empleado de la administración (pública) podrá hacer valer su influencia para trabajos electorales, ni le es lícito constituirse en depositario de las boletas de inscripción, repartir listas ni acaudillar gente para votar, bajo pena de destitución y multa", rezaba el artículo 59 de la Constitución tucumana de 1884.
La normatividad del alperovichismo convierte en vanguardista al derecho decimonónico.
Lo menos comprensible
Todo esto ha pasado casi inadvertido para la oposición provincial. Es decir, lo que en Ecuador es denunciado hasta por la familia del presidente, en Tucumán ni siquiera es mencionado por los adversarios del gobernador. Salvo, claro está, las excepciones de quienes siguen advirtiendo en la Justicia que el gobierno atropelló la razón constitucional. Tal el caso de Rodolfo Burgos y Alejandro Sangenis, del MP3 (son los impulsores de la nulidad de la Junta Electoral actual), y de Ariel García, de la UCR (temprano objetor de la recontra-reelección).
Que otras fuerzas opositoras no se hagan eco de estas causas por cuanto las llevan adelante sus contendientes puede ser, aunque miope, en alguna medida entendible. Pero tampoco han reaccionado el radicalismo, el Acuerdo Cívico y Social ni la Multisectorial Cívica. Por el contrario, lejos de la "oposición eficiente" abrazan la conducta de la "oposición acopladora". Es decir, han pasado las Pascuas y siguen comiendo roscas de pactos y desacuerdos sin detenerse a plantearse algunas preguntas pertinentes. Por ejemplo, ¿ante qué Junta Electoral van a inscribir listas y acoples? ¿Ante la que algunos de sus protagonistas están objetando? O sea, ¿irán callados (así como están hoy los colegios profesionales y las organizaciones intermedias que antes sí se pronunciaban sobre la Constitución alperovichista) a impugnar con sus actos sus propias impugnaciones judiciales? ¿Y qué harán con sus candidatos que quieren la recontra-reelección si todos los partidos de esos nucleamientos la cuestionan en tribunales?
Acaso el mutismo radical pase por una circunstancia que han advertido varios de sus socios, entre la preocupación y la alarma: el radicalismo no está discutiendo de política por estos días, sino de la reedición de la interna rectoral del año pasado, con las mismas dos facciones enfrentadas. O sea, lejos de pensar en agosto de 2011, mucho más de medio partido centenario sólo habla de mayo de 2010.
Lo más confortable
El autismo opositor ha alcanzado tales niveles que, en verdad, ha empezado a preocupar a ciertos sectores del oficialismo. En concreto, como Casa de Gobierno advierte que casi no tiene de qué preocuparse puertas afuera, ha decidido comenzar “ocuparse” de los que realmente pueden ser competidores puertas adentro. Y esto se traduce ya no tan sólo en la ventilada pelea territorial entre Osvaldo Jaldo y Sergio Mansilla contra Edmundo Jiménez, en el Este y en el Oeste; sino, sobre todo, en la sorda interna entre el alperovichismo y el amayismo.
Por estos días, una obsesión gubernamental es conseguir que José Alperovich obtenga más votos que DomingoAmaya en la capital. Y hasta los que tratan de esquivar esa pelea conjeturan que buena parte de los movimientos oficiales tienen que ver con ello.
Hay concejales capitalinos que aún no definieron sus acoples que afirman que el propio gobernador les dijo que el acople que lideran Armando Cortalezzi y Ramón Santiago Cano es, en realidad, “su” acople. “Los ‘Cacho’ ya lo entendieron, por eso en esa lista no hay madres e hijos, hermanos y hermanas, esposas y esposos, ni primos y primas”, aseguran que explicó el mandatario. Legisladores del entorno advierten que, por eso mismo, el “Operativo Sarita”, para postular a la hija del gobernador, no se ha desactivado. Y parlamentarios que ya están acoplados razonan que el cronograma del palacio para entregar los “recursos” con que costear la campaña está diseñado con esa lógica: el primer tramo de las “efectividades conducentes” se cobra por estos días, para poner en marcha el aparato.
El segundo, en junio, cuando hay que inscribir las listas. “Y el tercero, en agosto, cuando la campaña ya esté echada y no haya nada qué hacer”, se enojan. Pero detrás de las intrigas, las internas, las traiciones y la paranoia, no debe haber nada más cómodo para los alperovichistas que el hecho de que sus eventuales competidores sean “pirinchistas” y “amayistas”. Porque esa pelea tiene fecha y hora de caducidad: después de las 18 del 28 de agosto, todos son oficialistas.
Además, por supuesto, de no jugarle limpio al pueblo.
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